Como apunta Vozpópuli, «la Justicia española atraviesa una crisis de imagen que se prolonga ya desde hace varios lustros. Una crisis interna que afecta a diferentes estamentos de la carrera judicial y que, a ojos de muchos ciudadanos, ha degradado la loable labor de aquellos que dedican su vida al mundo judicial». Con el fin de abordar esta realidad, así como las cuestiones más destacadas que inciden en la actualidad en el sector legal, Adolfo Prego Abogados ha organizado un desayuno informativo en el que han intervenido Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, socio fundador, Adolfo Prego de Oliver Puig de la Bellacasa, socio director, y Javier Prego de Oliver López-Cortijo, abogado de nuestro despacho.

Durante este encuentro con periodistas, el socio fundador de Adolfo Prego Abogados ha mostrado su preocupación ante la situación actual: «La Justicia está enferma, está en su peor momento, hasta el punto de que no la reconozco. […] La jurisdicción penal está en declive, las garantías están desapareciendo. Se han introducido una serie de enfermedades dentro del proceso penal que han traído consigo numerosas consecuencias en cadena, deteriorando las garantías».

Cuestionado por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en vilo ante el desacuerdo de los principales partidos políticos, Adolfo Prego trasladó a los asistentes un nuevo modelo basado en la designación de los vocales entre magistrados jubilados, haciendo una elección final por sorteo, al estilo griego: «Estos señores conocen la carrera, tienen la experiencia, saben detectar quiénes son buenos magistrados y quiénes no. Cuando tienen cierta edad, no le deben nada a nadie, porque se lo deben al azar y no van a tener ningún interés político. […]. Para designar a magistrados del Tribunal Supremo hace falta no tener ambición, tener mucho pasado y muy poco futuro», apuntó.

En relación con la preservación de las garantías procesales, el exmagistrado del Tribunal Supremo considera necesario delimitar claramente el trabajo policial, el de la Fiscalía y el de los jueces. En su opinión, en los últimos años, los atestados policiales se han convertido en una especie de prueba, con unos supuestos hechos probados, que la Fiscalía recoge como tal en sus escritos. Si finalmente, se le otorga la instrucción de las causas penales al Ministerio Público, «siempre habrá un juez que ponga límites a su labor», como un mecanismo de control para garantizar el perfecto funcionamiento de la Justicia. «Se trata de otorgar a los jueces una función de jueces de garantías para fiscalizar y controlar el papel de la Fiscalía», sentencia.