A través de un breve comunicado, la Fiscalía Europea ha solicitado al juez instructor del Juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, asumir la parte principal de la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El organismo comunitario considera que es competente por investigarse el modo en el que fueron adjudicados fondos procedentes de la Unión Europea.

En declaraciones a ‘Trece Al Día‘, informativo de Trece TV, Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, exmagistrado del Tribunal Supremo y socio fundador de Adolfo Prego Abogados, ha destacado que «la clave de esta petición radica en saber si lo que la fiscalía desea instruir o investigar se puede considerar o no un delito de afectación de los intereses de la Unión Europea. Todo delito que no sea considerado como tal, por muy grave que sea, corresponderá exclusivamente a los jueces y organismos españoles».

«La cuestión está en si ese dinero con el que se pagaban los contratos procedía de los Presupuestos Generales del Estado, producto de los impuestos de los españoles, o de las aportaciones o subvenciones económicas de la Unión Europea. Si se trata de este último caso, sí que habría una afectación de los intereses financieros de la Unión Europa», continúa Prego.

Cuestionado por qué ocurriría si se produjera algún conflicto de intereses entre la justicia europea y la española, el socio fundador de Adolfo Prego Abogados recuerda que «la Fiscalía Europea no puede dar órdenes ni al juez ni a los fiscales españoles, pero puede pedir o solicitar documentos e información. […] De producirse un conflicto entre el fiscal europeo y el fiscal español, lo resuelve el Fiscal General del Estado. Si se produce entre la Fiscalía Europea y el juez de instrucción, lo resolvería la sala segunda del Tribunal Supremo».

Si lo desea, puede consultar la entrevista íntegra en Trece TV.