Aumenta la frecuencia de los desplantes de los secesionistas frente al Estado. No pasa un día sin que insistan en su desafío de convocar ilegalmente una consulta previa a su declaración de independencia, o directamente amenacen con lo que denominan desconectarse del Estado español.

Diariamente nos desayunamos con esa cantinela, cansina por lo reiterada pero preocupante por la intensificación de la firmeza con la que expresan su enloquecido plan secesionista. Y porque ya empiezan a pasarse abiertamente por el arco del triunfo las sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo con la mayor desfachatez. Dicen que no se sienten sujetos a sus decisiones porque son tribunales españoles….

Todo esto se veía venir desde hace muchos años. La pasada Historia contemporánea de España avalaba los peores augurios, y los acontecimientos políticos recientes los corroboraban. Sin embargo, quienes tenían el deber y el poder de poner a punto los mecanismos jurídicos de respuesta no lo han hecho. Prefirieron mirar hacia otro lado. De hecho, se dedicaron de manera suicida a desarmar el aparato jurídico del Estado, eliminando sus defensas hasta dejarlo inerme frente a los retos del secesionismo. Y esto durante veintiún años, que se dice pronto.

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